¿QUÉ SERÁ DE NUESTROS LOCOS DESMANICOMIALIZADOS?

NOMBRE DEL AUTOR: ROSA B. LOPEZ (Lic. En Psicología. Mat. Prof.: 285)

INSTITUCIÓN: CASANDRA (Asociación Civil sin Fines de Lucro. Personería
Jurídica Nº 031 “A”/04)

DIRECCIÓN: Pablo Mirizzi 818 Bº Pque. Vélez Sarsfield (5016). Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.

TELÉFONO: 0351-4684988

E-MAIL: lacasadecasandra@yahoo.com.ar

ÁREA TEÓRICO/PRÁCTICA: (desde la que se propone dicho trabajo)
PSICOANÁLISIS.
NUEVOS DISPOSITIVOS CLÍNICOS.

EJE: DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA LOCURA A LA LOCURA DE AMAR Y TRANSFORMAR
.
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN: TRABAJO LIBRE.

OBJETIVOS: Instalar en el espacio público la discusión y reflexión crítica sobre la situación y los derechos de las personas con problemáticas en salud mental.
-Brindar una síntesis de la problemática que existe en la provincia de Córdoba.
CONCLUSIONES: Debemos tener en cuenta todas las formas de marginación del sujeto con problemas mentales, la discapacitación es una de ellas y es nuestro objetivo bregar para que se suprima la complacencia e intervención estatal en ello.



¿QUÉ SERÁ DE NUESTROS LOCOS DESMANICOMIALIZADOS?


Parodiando el título de uno de los libros de Maud Mannoni, esta pregunta nos convoca desde el momento que decidimos crear una casa para recibir a personas con dificultades e intentar junto con ellas desplegar todos los medios que posibilitan que no entren o sigan en el camino de las internaciones psiquiátricas. Las dificultades no son sólo de ellas, son nuestras. Una muestra de ello es lo difícil que se nos hace, que se nos ha hecho a nosotros cuando no queremos emplear las nominaciones en boga –pacientes, beneficiarios, psicóticos, débiles- encontrar una palabra para hacerlo. Hemos hablado de integrantes, huéspedes, pero ninguna conviene.
La situación de la locura en la ciudad de Córdoba es particularmente alarmante. A nivel estatal existe el Hospital Neuropsiquiátrico, en el que teóricamente los pacientes no permanecen demasiado tiempo internados. Pero existe una puerta giratoria con muchos de ellos, amenazados desde ese momento con pasar a otros hospicios, fundamentalmente al asilo de crónicos de la ciudad de Oliva. Se les ofrece desarraigo, encierro, exilio interior, deshumanización.
El resto de la población, la mutualizada, mientras le cubra -descontando las familias de alto poder adquisitivo- debe limitarse a elegir entre tres grandes clínicas que son las que han firmado contrato de exclusividad con la gran mayoría, entre ellas Pami y Apross que es la mutual de los empleados de la Provincia. Para Pami, toda la atención ambulatoria y alternativa en salud mental está en manos de clínicas que monopolizan la atención. Las mismas clínicas que internan, utilizan electro shock y chalecos químicos desconociendo al sujeto, su historia y su palabra, son las que supuestamente realizan las prácticas alternativas a la internación, las que no gozan del reconocimiento de casi todas las mutuales.
Pensando en una ciudad de más de un millón de habitantes en una provincia de más de tres millones, éstos representan datos preocupantes.
Decimos con E. Galende que:
“El retiro del Estado y el avance de la privatización está reforzando las respuestas asistencialistas de las demandas que reciben los servicios con el agravante de que la primacía de la respuesta asistencial lleva a sobremedicación psicofarmacológica y a las internaciones evitables. Todo aquello que era atendido solidariamente por el Estado se está transformando en un campo más para la inversión y la renta económica. La salud pública se está transformando en una mercancía gerenciada por grandes grupos económicos que la colocarán como una mercancía más en las góndolas para que cada uno compre la salud que pueda pagar”1
El anteproyecto de ley de salud mental en la provincia de Córdoba está aún en veremos y el movimiento de desmanicomialización no tiene aún lugar ni siquiera entre los profesionales de la salud de dentro y fuera de los manicomios.
Pensamos de todas formas que la desmanicomialización debe ser acompañada de un cambio rotundo en la política de salud a nivel de todo el territorio del país. El tema de la desmanicomialización obliga a tratar la cuestión de la discriminación que la sociedad de consumo ejerce sobre los sujetos creando estrategias para que los que no entran en la norma social, en una cadena productiva, sean colocados en un lugar marginal, tolerado como marginal. El poder político por su parte dicta leyes y reglamentaciones con cambios superficiales que sostienen la discriminación.
“Una política realmente democrática debe procurarse medios que le permitan no incurrir (...) en la arrogancia tecnocrática de pretender hacer felices a los hombres a pesar de ellos”2
Nuestra propuesta es trabajar entre varios de una manera tal que esté sostenida por lo que los griegos nombraron therapon3, es decir, el acompañar para que el acompañado pueda tejer con sus hilos la trama en el que se hace sujeto.
“Tal vez acompañar significa hacer amistad con la inminencia. El encierro manicomial clausura o restringe la inminencia. El psiquiátrico confina, medica, mata el tiempo. Vigila para que no ocurra una desgracia El ideal institucional es que no pase nada. (...) Cualquier problema es pensado como amenaza, descuido, peligrosidad: una puerta mal cerrada, una ventana abierta en el altillo, un cuchillo olvidado. Las formativas y prohibiciones se justifican por razones de seguridad. 4”
Como dice Maud Mannoni “Al serle quitada al sujeto, en la realidad cotidiana, toda posibilidad de soñar con otra parte, se priva de un motor fundamental a su deseo de crear y trabajar. El sujeto queda reducido a la condición de robot. No tiene más opción que permanecer inmóvil en el sitio en el que la administración lo “fija”5.
Pero hay una manera de institucionalizar la locura, que a veces no tenemos en cuenta. El año pasado presentamos una cuestión que sigue siendo preocupante para nosotros: La de la discapacitación del sujeto para obtener del estado, de las obras sociales, la cobertura a la que quiere acceder en Salud Mental, para poder salir de sus crisis, si las hay, obtener un trabajo remunerado sin ser discriminado, continuar o seguir sus estudios, etc.
La atención de la salud mental está catalogada como una práctica especial, no necesaria o excepcional, por la que un sujeto debe prescindir de su beneficio pasado cierto tiempo estimado, salvo que pase a engrosar la lista de discapacitados. Para que una persona reciba y su mutual o el estado cubra psicoterapia por todo el tiempo que le haga falta, atención psiquiátrica, acompañamiento terapéutico –este último no reconocido como práctica de salud mental por la mayoría en la provincia de Córdoba-, acompañamiento en la inserción social y laboral, psicoterapia familiar, talleres de arte y oficios, debe obligatoriamente obtener del estado un certificado de discapacidad.
El problema es aún mayor y el discurso sumamente engañoso, ya que por un lado se dice que se discrimina menos, a los discapacitados, pero en realidad cada vez son más las personas, niños, jóvenes y adultos, con problemas mentales, con problemas en su integración social y/o familiar que pasan a engrosar las filas de discapacitados. En este momento estamos hablando de la violencia familiar, del abuso sexual infantil y mientras tanto, los organismos estatales creados a tal efecto están entregando a mansalva certificados de discapacidad a niños “difíciles” que no encajan en el colegio, que molestan, que tienen supuestamente el “mal del momento” trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad”, diagnosticados apresuradamente con un rótulo que autoriza que niños de muy corta edad sean medicados y sobremedicados de allí en más.
La manicomialización fue un instrumento organizado en el siglo XVIII para excluir y recluir en un solo golpe a personas que no encajaban en la norma social. Ahora, al fuera de la norma se lo tolera, caritativamente. No hace falta que esté internado para ello. El hecho de que los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social se distribuyan la atención de las personas que sufren perturbaciones psíquicas y no tengan un organismo integrado por ambas, deja la atención de estas personas en manos de la acción proteccionista que asume el gobierno.. Acción que crea una grilla donde el supuesto “discapacitado mental” junto con los “prestadores de servicios” deben encajar, engrillándose con ello, a través de la actual legislación y su marco básico, a todos. Así se está entendiendo la política social en este campo a nivel nacional y provincial. No se adecua a la realidad de cada sujeto y de los que tratan de brindar una atención acorde a la misma.
El Servicio Nacional de Rehabilitación perteneciente a la Secretaría de Programas Sanitarios dependiente del Ministerio de Salud es el encargado a través de Juntas Médicas de dar los Certificados de Discapacidad de acuerdo a la ley 22431 y 24901. Este organismo está facultado para otorgar a una persona a solicitud de ella misma, de un familiar o de un profesional dicho certificado, pero, al menos en la Ciudad de Córdoba no tiene ninguna ingerencia en los prestadores que se harán cargo, ni brindan ningún asesoramiento, capacitación a los mismos, ni realizan seguimiento alguno de la persona declarada discapacitada mental. A partir del otorgamiento del Certificado queda en manos del Ministerio de Desarrollo Social –en Córdoba, Ministerio de la Solidaridad-. ¿Cómo se explica que el Ministerio de Salud, que el Servicio de Rehabilitación, lo único que haga sea renovar cada 5 o 6 años ese certificado? ¿para qué se da? ¿a qué política social y de salud responde esto? ¿tendría algún sentido que exista este certificado si la salud fuera un derecho para todos y donde el sujeto tenga la posibilidad de elección?
El problema del que así pasa a ser “discapacitado mental” es la particular discriminación social que sufre. Las personas consideradas discapacitadas son supuestas impedidas, adolecen de alguna capacidad que les imposibilita desarrollar con normalidad su vida diaria. Pero lo que no se tiene en cuenta es que el ser humano tiene la posibilidad de crear otras capacidades que sustituyan el supuesto impedimento. Tal el caso del ciego, el sordo, el mudo, las personas que tienen dificultades motoras, que les permite desarrollarse en todas sus potencialidades, en el medio familiar y social. Para lo único que “usufructúan” de lo que los organismos estatales, y la sociedad toda ha creado para considerarlos una minoría y con ello separarlos del común de la gente a las que naturalmente están integrados, es, por ejemplo, para viajar gratis, para conseguir un trabajo, un puesto profesional rentado y otras regalías que el estado benefactor ha creado para discriminarlos.
Sabemos que no ocurre lo mismo con las personas que tienen problemas mentales. Éstas últimas pueden tener dificultades –no discapacidad- que pueden ser absolutamente momentáneas para realizar las actividades que venían realizando y en cambio sí pueden realizar otras. Sin embargo difícilmente sean contempladas en el área laboral.
Es importante que tengamos en cuenta todas las formas de marginación. Para el sujeto con dificultades mentales, la discapacitación significa para él para su familia y para la comunidad toda, nada más ni nada menos que la muerte como sujeto y con ello, la muerte civil, social, laboral.
Retomo entonces un interrogante que dejamos planteado el año pasado:
“¿Cómo lograr cambios, transformaciones en el ámbito de la salud mental, cómo hacer para “desmanicomializar” si lo que le ofrecemos al sujeto es clasificarlo y categorizar a la casa que lo va a recibir, dentro del marco de la “discapacidad”?. ¿cómo producir cambios dentro de este contexto?”8.








BIBLIOGRAFIA

1 Galende E. “Situación actual de la salud mental en Argentina” citado en La institucionalización de la locura de Lucía del Carmen Anuci Editorial Espacio 2005
2 P. Bourdieu. La misère du monde, París Seuil, 1993
3 F. Davoine Madre Loca Circulo Psicoanalítico Mexicano Editorial 2001
4 M Percia Deliberar las psicosis Lugar editorial 2004
5 M. Mannoni ¿qué ha sido de nuestros niños “locos”? Ed. Nueva Visión 1995
8 R. Lopez “Discapacidad: Una postura política” Trabajo presentado en el IV Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos. Año 2005.