Medios de comunciación y lógicas manicomiales: el "caso" Charly García

Medios de comunicación y lógicas manicomiales.
El “caso” Charly García.
Lic. Claudia Huergo

*Psicoanalista- Integrante del Movimiento Social de Desmanicomialización y Transformación Institucional- Integrante de la Mesa de Trabajo Permanente de Salud Mental y DDHH Córdoba. Docente UNC. Fac. de Psicología. Cátedra de Psicoanálisis. psi_claudiahuergo@yahoo.com.ar

Los medios de comunicación como operadores de alta eficacia en la construcción de realidad, nos indican qué debemos sentir, qué debemos temer, y cómo tramitar las contradicciones que esta obediencia y sometimiento nos conlleva.
Las escenas que los medios componen y que nos dan a ver pueden ser calificadas de pornográfica en muchos sentidos. Pornográfica porque desviste y muestra que efectivamente para que eso funcione, como un encastre aceitado de partes, no hacen falta sujetos. Por lo tanto, hay allí un efecto de cosificación y desubjetivación. La construcción de realidad que nos proponen e imponen desde su poder hegemónico nos requiere primero como sujetos expectantes que esperan ver algo de sí en esa escena. Una vez allí, captados por la fascinación y la pregnancia de la imagen, recibimos tal impacto bajo esa forma desligante y brutal de lo que se perfila en esa edición, que casi es equiparable a una violación, repetida varias veces al día hasta que esa forma de violencia se naturaliza. El pudor, como última barrera psíquica contra el espanto es arrasado, y desde esa cosificación el sujeto se transforma en voyeur cómplice de una operatoria que lo requiere así: asintiendo a la soberanía de una imagen que dibuja contornos obscenos. Podríamos decir que a esa escena entran o son convocados sujetos, y salen –como resto- eyectos, partes, que luego vuelven a maquinarse en operaciones discursivas que intentan tramitar alguna elaboración secundaria que les permita salir del impacto y recomponerse. Quien mira eso y asiente a esa imagen, queda petrificado. Y la salida prevista por ese mecanismo perverso, el producto o resultante defensivo, es una respuesta totalitaria. Intentemos ver cómo funciona esto en la construcción de un “caso” de peligrosidad social

El “caso” Charly García

Todos fuimos convocados a presenciar uno de los consabidos espectáculos que el circo mediático nos ofrece: la construcción selectiva de la peligrosidad. Esta vez a partir del episodio sufrido por Charly Garcia. Cuando digo “episodio sufrido” digo que lo sufrido no es sólo la situación personal –crisis, descompensación, el nombre que pueda tener su padecimiento- sino el tratamiento social –mediático- que su situación personal tuvo. A través de la relevancia pública que cobró podemos considerarlo un analizador que nos muestra la activa función del discurso mediático en la construcción de uno de los pilares que sostienen las lógicas manicomiales: el imaginario social[1][1].
Las imágenes

Secuencias rápidas muestran una sucesión editada de imágenes: Charly saltando de una ventana hacia una pileta, imágenes de algunos de sus shows donde tira o rompe instrumentos, imágenes de reportajes donde responde con enojo al acoso de los periodistas, y finalmente una y otra vez la imagen de alguien reducido a despojo por sus “cuidadores”, esposado, tirado en el piso, por tierra. Cada una de estas imágenes, sacadas de su contexto, y editadas en continuidad, articulan y construyen una versión. Al impacto de las imágenes, de ese dar a ver, le sigue otra operación.

Lo que se dice

El frenesí comunicacional transitó por distintos tipos de adjetivaciones y versiones tremendistas del hecho: “esto es intolerable, pasa todo el tiempo”…. “una persona así es un peligro para sí mismo y para el resto”…. “tendría que estar atado, en estricta vigilancia”… “es una persona enferma, no puede circular libremente”… “por qué tenemos los ciudadanos que tolerar esto”….El modo de construir la peligrosidad social sin duda nos dice mucho de la sociedad en la que vivimos. Unos días previos a este suceso, muchos nos preguntamos, junto con Mariano Saravia,[2][2] “Hay una foto que no va a recorrer las redacciones y que no van a poder ver miles de argentinos: la de Menéndez y sus secuaces esposados. Es que en cualquier juicio común, cuando el acusado de cualquier delito común se levanta del banquillo es inmediatamente esposado por la policía, a veces con un circo que recuerda las películas. Y entonces cabe preguntarse, ¿por qué a una persona, acusada de delitos mucho peores, como los de lesa humanidad, no lo esposan? Se supone que es mucho más peligroso alguien que ya torturó y asesinó, que alguien que robó una cartera o un auto.”O que alguien en crisis, podríamos agregar.

Construir tolerancia hacia esa forma de segregación y violencia.

La toxicidad de esa imagen obscena, cosificante, así como la fascinación a la que el espectador queda atado, cautivo, necesita luego una cobertura racionalizante que “dé sentido” al acto de mostrar, y al acto de prestarse a ver. Y curiosamente, la coartada racionalizante toma la vía del derecho. De la ciudadanía. Cuando alguno de los comunicadores es interpelado por su participación en el tratamiento de la noticia, rápidamente busca algún otro derecho en el cual ampararse: el derecho a estar informados, derecho a la libertad de prensa, derecho porqué no a conocer la peligrosidad del otro para ponerse a resguardo. Razones de seguridad. La suma de todos nuestros miedos. En este punto, vemos que para el mercado de la producción de objetos de consumo no es un obstáculo la perspectiva del enfoque de derechos. Casi con los mismos argumentos puede fosilizar y desactivar las lecturas que resisten.

Derecho…¡al consumo?

Bajo la supuesta libertad de prensa y derecho a la libre expresión, los medios nos alientan a ser parte de un espectáculo de bajo costo donde se nos invita a ser partícipes de un consumo canibálico: “venga, pase, llévese su libra de carne. Decida si arrojamos al gladiador a los leones o no”. Una dudosa noción de ciudadanía se perfila allí. El derecho a estar seguros, protegidos de los monstruos[3][3], por el módico precio de alguna votación por sms o telefónica. Que redime o condena a un semejante. Desde la tribuna, sin moverse de su casa, puede empezar a votar[4][4].
La violencia que no se dice tal Una forma insidiosa, larvada de intolerancia comienza a crecer al amparo de estas formas racionalizadas de la operatoria perversa. Básicamente apunta contra la alteridad, contra lo otro como paradigma de lo sospechable, de lo repudiable. Por eso se construyen como respuestas totalitarias. Para enmascarar lo deleznable del acto de complicidad, es necesario reforzar el perfil amenazante de lo segregable y desechable. (en este caso, una forma de subjetividad) Se remarcan entonces una y otra vez los trazos que perfilan al otro a partir de aspectos donde predominaría la impulsividad, la violencia, la peligrosidad. Este trazado, a su vez, violenta más a quien es víctima de esa operatoria.

Abrir el círculo

No implica, de acuerdo a la lógica imperante, abrir una dependencia para tratar la discriminación en los medios. Implica cada vez movimientos mas amplios, abarcativos e integrados. Más políticos. Visibilizar las trampas en la propia subjetividad implica mostrar también cómo la subjetividad va ligada a los avatares de los procesos sociales, políticos, económicos. Hablar de lógicas manicomiales y de transformaciones posibles nos compromete entonces también con una transformación de las condiciones de existencia.
“….un nuevo enfoque de políticas de salud mental debe trascender su propio sector y comprometerse con el desarrollo de sociedades más integradas e igualitarias. La década del 90 nos ha mostrado que un modelo democrático de salud mental no es “neutral” en relación a la sociedad en donde se lleva adelante. Es decir, luchar por la desmanicomialización, la defensa de los derechos de los pacientes, la democratización de los asilos es imposible en el contexto de sociedades que generan pobreza, desigualdad, exclusión y pérdida de derechos. Por lo tanto, una propuesta de política de salud mental democrática obliga, no sólo, por convicción, sino también, por necesidad, a tener un compromiso social más amplio”. [5]






[1][1] La ideología asilar, la que segrega, encierra y custodia al enfermo mental, no es sólo la psiquiatría alienista, forma parte de la conciencia y el comportamiento social, y requiere para su abolición definitiva actuar sobre los conjuntos humanos y las configuraciones de poder. Esto es clave ya que cualquier política de Salud Mental que se proponga alternativas a la institución manicomial, debe actuar simultáneamente sobre el aparato estatal, la conciencia social espontánea y su producción imaginaria, y el dispositivo psiquiátrico-profesional…”. (E. Galende).
[2][2] http://www.eldiariodeljuicio.com.ar/cronica.shtml?x=87958
[3][3] Cfr: Michel Foucault. Los anormales.
[4][4] Cfr: César Hazaki: “Gran Hermano: el juego mediático de la exclusión”. http://www.topia.com.ar/articulos/0711-hazaki2.htm
[5] Mter. Iván Ase. “Las politicas de salud mental en Córdoba (1983-2007): Una historia ilusiones, fracasos y frustraciones[5]

Los presos de la salud mental

Los presos de la salud mental
Unas 15 mil personas están detenidas sin motivo en neuropsiquiátricos. El informe de una entidad internacional y el CELS.
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Por Pedro Lipcovich
En la Argentina hay por lo menos 15.000 personas detenidas sin razón alguna que lo justifique, y así lo reconocen los propios directores de los centros de detención que las alojan: esa cifra corresponde al 60 por ciento de los 25.000 internados en instituciones psiquiátricas, mínimo para el que los propios directores reconocen que deberían ser externados. El término “detención” es el que utiliza un detallado informe, que se presentará hoy en el Congreso y fue preparado por una entidad internacional de protección a los derechos de las personas con discapacidad mental, en colaboración con el CELS. Según el documento –al que Página/12 tuvo acceso–, “el sistema argentino de salud mental está desfasado respecto de los cambios de los últimos 30 años en el mundo” y que “la segregación de miles de personas en instituciones es una práctica prohibida por el derecho internacional”. El documento desciende a los extremos del horror patentizado en las “celdas de aislamiento”, la violencia física, los abusos sexuales, el uso disciplinario de psicofármacos o la falta de atención médica. Señala también que “la legislación argentina no cumple los requerimientos internacionales”, ya que “permite que un juez interne a una persona en un centro psiquiátrico sólo por entender que necesita asistencia’”. El informe será presentado hoy en el Congreso de la Nación.
El informe, que se presentará hoy a las 18 en el auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados, se llama “Vidas arrasadas. La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos” y fue elaborado por la Mental Disability Rights International (MDRI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “A pesar de que en muchas partes del mundo se han clausurado los grandes asilos psiquiátricos, el 75 por ciento de las personas en el sistema de salud mental argentino se encuentra detenido en instalaciones de mil camas o más”, advierte el informe, que utiliza indistintamente los términos “personas institucionalizadas”, “internadas” o “detenidas”, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos”.
En la Unidad Penal 20, del hospital Borda, “los investigadores encontraron personas encerradas, desnudas, en celdas de aislamiento que medían metro y medio por dos metros. El personal reportó que las personas habían estado encerradas en estas celdas por períodos que iban desde diez días a más de un año; un hombre informó que estaba encerrado en una celda de aislamiento desde hacía siete meses. Otro hombre había sido detenido en una celda de aislamiento durante tres meses debido a un intento de suicidio. El personal informó que los detenidos eran desnudados ‘para prevenir el suicidio’ y que esta detención en aislamiento era usada ‘para observación de los pacientes’. Sin embargo, las celdas de aislamiento carecían de luz natural, la supuesta observación sólo hubiera sido posible a través de una minúscula mirilla y no había personal asignado, lo que hacía que una observación periódica fuera imposible”.
Además, “en la Unidad 20, los hombres detenidos informaron a los investigadores sobre situaciones de abuso físico y sexual, incluyendo violaciones, palizas y otros tipos de violencia. Dos hombres detenidos informaron haber sido ultrajados sexualmente en las celdas de aislamiento. Uno denunció haber sido violado por un guardia y que varios lo habían obligado a desfilar en ropa interior femenina y a actuar de manera afeminada para ellos”.
En el Hospital Moyano, “los investigadores recibieron informes de abuso sexual perpetrado por el personal contra las mujeres institucionalizadas”. Esta institución fue intervenida en diciembre de 2005, luego de graves denuncias públicas. “Estas denuncias se encuentran en proceso de investigación judicial”, pero en julio de 2007 “el director de Salud Mental de la ciudad de Buenos Aires, Carlos de Lajonquiere, desconocía el curso que habían seguido estas investigaciones”.
En las celdas de aislamiento de la Unidad Penal 27, del Moyano, encontraron una mujer que “había estado allí un año y medio por dificultades en su trato con las otras personas”. El informe señala que “la reclusión involuntaria prolongada y la privación sensorial puede exacerbar síntomas psiquiátricos o inducir daño psiquiátrico severo”.
En el hospital Cabred, en la provincia de Buenos Aires (“Open Door”), donde “el director informó que tres enfermeros habían sido transferidos a otros hospitales como ‘castigo’ por haber cometido abusos”: pero, señala el informe, “transferir personal de una institución a otra no implica sanción alguna y conlleva el riesgo de que hechos similares se repitan en la otra institución”.
El MRDI y el CELS denuncian también la falta de atención médica en los neuropsiquiátricos: “En la Unidad 20, como en los hospitales Diego Alcorta –provincia de Santiago del Estero–, Moyano y Borda, los investigadores observaron gran número de personas institucionalizadas con heridas abiertas o en estado de infección avanzada, dientes faltantes y algunos con extremidades con gangrena”.
Estas situaciones se dan en el marco de “condiciones antihigiénicas”, por ejemplo en el Diego Alcorta, donde “los baños estaban inutilizables” por lo cual “muchas personas internadas preferían usar las áreas verdes y los pasillos para defecar y orinar”.
Un rasgo generalizado fue que “las personas institucionalizadas no reciben rehabilitación”. En los hospitales Borda, Moyano, Estévez, Domingo Cabred y Diego Alcorta, los investigadores encontraron “una inactividad generalizadas. Un importante número de personas estaban acostadas sobre sus camas o en el piso, completamente ociosas”. También observan que “las medicaciones psicofarmacológicas son utilizadas como herramienta de disciplinamiento y control”.
Según el informe, “la legislación argentina está muy lejos de cumplir los requerimientos establecidos por los estándares internacionales”, ya que “las leyes nacionales permiten la internación de aquellos que pudieran ‘afectar la tranquilidad pública’ y no establecen mecanismos que les garanticen una audiencia dentro de un período razonable, el derecho a ser representado por un defensor, ni el examen periódico de las internaciones por parte de un órgano independiente e imparcial”.
Según destacan, “el artículo 482 del Código Civil utiliza el término ‘demente’, que nunca llega a definir, es extremadamente ambiguo y altamente estigmatizante”; además, “permiten internar a personas que pudieran ‘afectar la tranquilidad pública’ o que tuvieran problemas de abuso de sustancias o de alcohol”, e incluso “autoriza a un juez a internar a una persona en un centro psiquiátrico sólo por entender que ‘necesita asistencia’”. Los investigadores advierten que “cuando la internación psiquiátrica no se limita estrictamente a casos de personas en peligro inminente de dañarse a sí mismas o a otras, se corre el riesgo de cometer graves abusos”. Incluso “familiares y vecinos ‘incomodados’ pueden solicitar ante un juez la internación coactiva de un individuo” y para estas personas el Código “no provee el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, ante un tribunal independiente e imparcial”.
La Ley de Salud Mental 448, de la ciudad de Buenos Aires, si bien “contiene sólidas garantías que abogan por los derechos de las personas con discapacidades mentales, sin embargo no protege adecuadamente contra la detención arbitraria”. Para colmo, “no existe verdadera representación legal para individuos internados en instituciones psiquiátricas”.
Y si las personas internadas denuncian lo que les pasa no se les cree: “Cuando los individuos diagnosticados con una enfermedad mental denuncian lo que ocurre, generalmente son tratados como si estuvieran delirando”.
El documento exige la sanción de una ley marco nacional de salud mental, entre cuyos principios debería incluirse el derecho a revisión judicial de todas las internaciones involuntarias por una autoridad independiente dentro de las 72 horas; la revisión periódica de las internaciones involuntarias por un órgano independiente; el derecho a contar con representación legal para los internados, y exige que los fiscales investiguen las “condiciones abusivas en los hospitales Diego Alcorta, Moyano y en la Unidad 20”.
“Podrían estar en libertad”
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“Lo que más nos llamó la atención en la Argentina es la enorme cantidad de personas encerradas en institutos psiquiátricos que fácilmente podrían estar en libertad –señaló Alison Hillman, directora para las Américas de Mental Disability Rights International (MDRI)–: casi todos los directores de hospitales y jefes de servicio nos dijeron que entre el 60 y el 90 por ciento de las personas internadas podrían estar en la comunidad si hubiera formas de soporte como casas de medio camino, centros de día, programas de rehabilitación. El promedio de institucionalización es de nueve años, y el 80 por ciento permanece más de un año. Es claro que, cuando una persona está tanto tiempo segregada, en un ambiente tan controlado, su discapacidad, si la tiene, se incrementa.” Roxana Amendolaro, coordinadora del equipo de salud mental del CELS, destacó “el énfasis puesto en rescatar todas las voces de los involucrados: funcionarios, autoridades de instituciones, profesionales, familiares y las propias personas institucionalizadas, cuyo testimonio debe ser tomado en cuenta”.